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OPINIÓN. Por Gloria Riera, economista.

El Estado necesita ingresos para poder hacer frente a sus compromisos, entre ellos la financiación de los servicios públicos. Los impuestos son una de las fuentes principales (y facilona) para conseguirlos. En el mes de abril se inicia la campaña para presentar la Declaración de la Renta de las Personas Físicas, durante la cual, los contribuyentes españoles presentamos (y liquidamos) cuentas al fisco. Hacienda, por si acaso, ya ha ido percibiendo de forma anticipada durante el año cobros a cuenta por nuestros impuestos (retenciones en nómina, en rendimientos del capital mobiliario…). Si al preparar la declaración hemos adelantado más impuesto del que nos corresponde pagar, la Agencia Tributaria nos devolverá (¡sin intereses!) el exceso adelantado. En cualquier caso, vivimos uno de esos momentos recurrentes en los que más notamos la presión impositiva y bur(r)ocrática vinculada a nuestros ingresos. La imposición indirecta (IVA, impuestos especiales, etc….) que no es progresiva (es independiente del nivel de renta) la padecemos de forma constante y la percibimos como limitación en nuestro poder adquisitivo.

Los países escandinavos suelen ser ejemplo habitual de modelo de Estado de Bienestar con una Administración Pública prestando servicios muy bien valorados a una población satisfecha de contribuir con impuestos elevados. Saben que revertirán, para bien, en el conjunto de la sociedad. La sensación en España es toda la contraria. Creemos que pagamos demasiados impuestos y que los servicios públicos que percibimos presentan muchas carencias y deficiencias. Es la verdad. El gobierno suele defenderse recurriendo a indicadores de la presión fiscal (que puede calcularse de varias maneras) que demostraría que estamos o por debajo o en la media europea.

Es trampa, salvo que se indexe; relacionando directamente los servicios que se prestan a la ciudadanía y su calidad, que al final es lo que debería contar. Si lo hiciesen así estaríamos más cerca del Tercer Mundo que no en la media europea.

Asfixiar la economía descuidando el gasto

El Estado está prácticamente en quiebra y para sobrevivir recurre al endeudamiento (que ya supera el 100% del PIB) y a la presión impositiva (directa e indirecta) que al final asfixia a la economía. Es decir, se aborda la partida de Ingresos descuidando los gastos que es donde principalmente reside la fuente del problema. Es lo fácil. Nos tienen anestesiados con el “Circo” (como en la antigua Roma) cristalizado en problemáticas políticas estériles y virtuales que al final no son otra cosa que obras populistas de teatro malas, muy caras y con pésimos actores (que pagamos nosotros). Mientras tanto, toda una casta de “políticos de la Corte” sin nivel ni preparación tienen su modus vivendi en el sistema. Desgraciadamente no tenemos estadistas que gestionen y planifiquen, sólo charlatanes populistas sin capacidad para gobernar y con una red de cortesanos interminable que viven (y bien) de este montaje. La sobredimensión del Estado es evidente. Se acumulan capas y capas de Administración Pública totalmente prescindibles y que requieren una cantidad ingente de recursos para mantenerse. El número de funcionarios y políticos que viven confortablemente a costa de las arcas públicas es desorbitante. Todo ello acompañado por un exceso legislativo y normativo que contribuye a que nuestra economía sea de las más rígidas, ineficaces e ineficientes del mundo occidental.

El gobierno suele defenderse recurriendo a indicadores de la presión fiscal ¡es trampa!

Es urgente abordar el problema de la sobredimensión del Estado pero los (i)responsables que han de hacerlo ni tienen la voluntad (viven de ello y no quieren abordar la cuestión) o directamente no tienen ni el nivel ni la capacidad para hacerlo (es triste pero es la realidad). Los recursos que destina el Estado para automantenerse son excesivos.

Ser un buen charlatán no debería ser mérito suficiente.

Hasta hace poco tiempo, en España teníamos interiorizado como normal un cierto nivel de corrupción pública y veíamos con cierta simpatía a los que conseguían eludir las garras de la Agencia Tributaria, como si fuesen Robin Hoods modernos. Esto está cambiando. Entre otras cosas, porque la última crisis, de la que aún no hemos salido, ha alumbrado un nuevo modelo de sociedad con una clase media ampliada y empobrecida con un nivel de vida inferior e inestable que ya no está dispuesta a tolerar los desvaríos de su clase dirigente. No, al menos, en el ámbito económico. Me temo, de todos modos, que la bolsa de corrupción sigue siendo muy grande y absorbe, cual agujero negro, millones y millones de euros. Al menos, en este punto, podemos ser un poco optimistas. Es donde más se ha podido mejorar en los últimos tiempos, debido a una mayor concienciación de la sociedad sobre esta problemática que le ha llevado a una mejor fiscalización y presión sobre los responsables públicos. Eso, y que la radicalización y fragmentación de la política española ha llevado a que los partidos políticos dejen de taparse las vergüenzas unos a otros.

Con el actual nivel de ingresos del Estado, si se eliminasen estructuras inútiles de la Administración Pública, se aligerase la sobrecarga legislativa y normativa, si exigiésemos responsabilidades civiles y penales a los gestores públicos y si se redujese la corrupción: las arcas públicas presentarían superávit. Un Estado eficaz y eficiente es posible. Hemos de estar concienciados de ello y exigirlo. No nos podemos resignar. Es nuestro derecho. Es nuestra obligación.

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