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Gloria Riera, economista licenciada en ESADE

En la coyuntura actual, con una Administración Pública prácticamente en quiebra económica y moral, con un endeudamiento asfixiante que le permite subsistir hipotecando el futuro, parece que hay un consenso generalizado (y difícilmente discutible) de que el ahorro es positivo. Por consiguiente, fomentar iniciativas encaminadas a promover y facilitar el ahorro serían razonables y convenientes. Ante esta situación, deberíamos confiar en que nuestros representantes políticos ejerciesen correctamente sus obligaciones. No es así. Lamentablemente, en general, los gobiernos sólo se preocupan del muy corto plazo implementando iniciativas que les permitan disfrutar confortablemente del presente y, de ser posible, seguir en el poder. El futuro, piensan, es responsabilidad de otros (los que vengan después que ellos….). No obstante, en cualquier declaración pública que hagan les escucharemos recomendar a la población (familias y empresas) que ahorremos y nos animarán a ello. ¿Lo facilitarán? En absoluto. Todo lo contrario. El ahorro, y su correcta gestión, es la mejor vía para garantizarnos un futuro a salvo de imprevistos de cualquier tipo y de la más que previsible insolvencia del Tesoro Público. Deberíamos exigir al Estado, entre otras cuestiones, que aplique medidas que lo fomenten y protejan. También que se gestionen, con responsabilidad, eficacia y eficiencia los recursos públicos… pero esto será objeto de otro artículo.

¿Por qué nos castiga el Estado por ahorrar?

La capacidad de ahorro de una familia o empresa dependerá al final de sus propias circunstancias y capacidades por lo que no es posible generalizar. En algunos casos “guardar” parte de los ingresos corrientes “para el futuro” puede ser realmente complicado pero se ha de intentar. En cualquier caso, si lo conseguimos, el Estado nos “premia” con burocracia asfixiante e impuestos varios que en la práctica son un verdadero castigo a cualquier conducta ahorradora. Sorprendentemente (o no) fiscalmente está mejor tratado el consumo que el ahorro. Sólo el afán recaudatorio insaciable del Estado, que necesita recursos para financiar su sobredimensión y mala gestión (ineficacia e ineficiencia), explica esta política contradictoria de penalización.

LA POLÍTICA TRIBUTARIA PENALIZA  EL AHORRO Y GENERA DESIGUALDAD DE TRATO. LOS CATALANES, ENTRE LOS MÁS PERJUDICADOS

Si realmente se quiere fomentar el ahorro no es lógico  “castigar” a quien consigue hacerse con un patrimonio. De entrada pagamos impuestos por la obtención de nuestros ingresos (Impuesto sobre la Renta) y si destinamos parte de ese ingreso al ahorro, ya sea en propiedades o en activos líquidos, nos pueden penalizar anualmente con el Impuesto de Patrimonio. Si además hay transmisión del ahorro familiar por herencia hay penalización por Impuesto de Sucesiones. La sobretributación es clara. El trato fiscal sobre la vivienda no habitual, también se incluiría en el capítulo de medidas perjudiciales para el ahorrador. Por contra, si nos hubiésemos gastado todo el dinero en consumo -responsable o no- sólo habríamos pagado impuestos una sola vez por ese ingreso. La cesión de algunas competencias tributarias a las Comunidades Autónomas también genera desigualdad de trato (y de castigo) a su población en materia de ahorro (entre otras). En Catalunya somos de los más penalizados (suponemos que porque la Administración Autonómica catalana necesita más recursos o porque es de las más ineficaces e ineficientes). ¿Qué podría hacer la Administración Pública?

hay que Suprimir los Impuestos sobre patrimonio y Sucesiones

Desde mi punto de vista hay tres grandes líneas: dotar a la población de una mejor y mayor cultura financiera (desde la educación primaria a la universitaria), fomentar el ahorro con campañas informativas y dejar de penalizarlo fiscalmente. Entre otras medidas se podría  suprimir el impuesto sobre el  Patrimonio y el de Sucesiones.  ¿Es factible? Sí. ¿Se hará?… No confiemos.

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