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Un periodista y un magistrado se encuentran. ¿Cuál sería el título de la película?: ‘El secuestro de la justicia’. Un titular periodístico que, intencionadamente, navega entre la provocación y el recelo por el océano del sistema judicial español. Y así es como Ignacio Escolar, director de eldiario.es y el valenciano Joaquim Bosch, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, decidieron poner negro sobre blanco -en poco más de doscientas páginas- la situación actual de la justicia –y al fin y al cabo también de España- después de una involución social que ha afectado a las principales libertades de los ciudadanos. En el libro “El secuestro de la justicia. Virtudes y problemas del sistema judicial”, que ambos presentaron en la sede del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) recientemente, exponen una larga lista de desagravios que van desde el drama de los refugiados hasta los abusos bancarios, la prisión provisional, la violencia machista y la falta de reparación de las víctimas del franquismo, entre otros aspectos. A pesar de todo –y del periodismo como diría Escolar- esas 237 páginas certifican sobre todo la magnífica base del sistema judicial sustentado, en buena parte, por una práctica franca y leal a sus principios por parte de la magistratura española.

Presentación del libro
Ignacio Escolar y Joaquim Bosch en la presentación del libro de Barcelona.

“Enterrar a los muertos dignamente allí donde puedan visitarlos sus familiares (…) para que todo el mundo pueda llorar a sus víctimas” (pág. 142) es una afirmación tan imponente como sobrecogedora que todo el mundo no solo entiende sino siente igual. Y además ofrece al lector una impecable medida de la distancia entre lo vivido y lo pasado con la cual juega el libro desde su primera página hasta la última, introducción y conclusiones incluidas. Difícil saber por dónde empezar a escribir sobre un libro después de leer tantas afirmaciones, a cuál más certera, de sus autores. Al final en periodismo uno sabe que la objetividad no existe (aunque no se nos explicaba precisamente eso a los estudiantes) sino la interpretación de los hechos, siempre contrastados con rigor. “El secuestro de la justicia” aborda desde varias perspectivas, todos relacionadas entre si, la evolución de España desde la llegada de la democracia hasta hoy: las dificultades por parte de la justicia en la lucha contra la corrupción; injerencias políticas; recortes de libertades; el poder de las entidades bancarias; la Ley de la memoria democrática; violencia de género y la cuestión de los refugiados. Como en periodismo hay que “cortar” y “seleccionar” (¡árdua tarea siempre!), uno decide empezar por el capítulo seis “La memoria democrática y la reparación a las víctimas del franquismo” que es, a mi entender, el que provoca más impacto emocional (sin despreciar a los otros), por ser seguramente la cuestión -que de forma generalizada pero individual al mismo tiempo- afecta directamente al lector. Todos los españoles (¡todos!) tenemos alguna vinculación con esa problemática, por lejana o próxima que sea. Además, es un tema que cualquiera puede entender y tiene su punto de partida, como también se explica, en la Transición, un modelo que se nos ha presentado como “casi perfecto” pero que no lo fue tanto e incluso en determinados aspectos “genuinamente kafkiana”. Cierto es, sin embargo, que, como a lo largo de todo el libro, sus autores siempre concluyen con algún destello en positivo -en este caso con palabras del reconocido historiador Paul Preston- según el cual tampoco “hay equivalentes en Europa Occidental de unas prácticas represivas tan duraderas y tan intensas en sus efectos” (pág. 143). Algo tan evidente que más adelante remata Joaquim Bosch categóricamente con un “somos el único país de Europa donde uno puede asegurar que es demócrata sin declararse también antifascista” (pág. 150). Y añade “nunca hubo una ruptura nítida con la dictadura y todavía persiste un franquismo sociológico muy arraigado en la sociedad. Ese sentimiento se sigue instrumentalizando políticamente”.

¿Nada no?… tan solo vacuas y retóricas afirmaciones como oímos día tras día en esos centenares de tertulias radiofónicas esparcidas por el dial. (Permítanme una excepción con “Más de uno” de Carlos Alsina, Rubén Amón y compañía de Onda Cero).

Dedicatoria de Ignacio Escolar
Dedicatoria de Ignacio Escolar en el interior.

Una Audiencia Nacional heredera del TOP

En el segundo capítulo se aborda la injerencia política a partir de otra contundente aseveración: una “separación de poderes muy imperfecta y bajo mínimos”. “I un poder político -precisa Escobar (Pág.45)- que tiene en España vías muy directas para influir en la justicia”. Algo más adelante describe uno de sus motivos principales con la existencia de la Audiencia Nacional “heredera en cierto modo del franquista Tribunal de Orden Público (TOP)”. Por su parte el magistrado Bosch contrasta la situación actual, con la ejercida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional de los años ochenta -recién estrenada la Constitución- cuando “se efectuaron aportaciones decisivas para la vertebración de la jurisprudencia que desarrolló nuestro sistema de derechos fundamentales”. Pero con el paso del tiempo “el reparto de cuotas (políticas se refiere) ha ido rebajando el listón de calidad jurídica con la designación de magistrados de inferior prestigio y trayectoria poco independiente” (pág. 51). El proceso de deterioro progresivo de la separación de poderes “debería intranquilizarnos” -explica- refiriéndose a la opinión del prestigioso magistrado emérito del Tribunal Supremo Andrés Ibáñez. Al mismo tiempo el autor suelta otra vez esa brizna de esperanza refiriéndose a la posición aleatoria, tan eficaz como difícil de interferir, de los juzgados ordinarios que son una auténtica garantía de justicia. Como bien se ha visto “con José Castro y los casos Noós y Palma Arena” (pág. 68) o el ejemplo aún más instructivo al “del juez Pablo Ruz en el caso Gürtel, quien ejerció sus funciones en situación provisional por comisión de servicios, y el CGPJ no se la prorrogó”.  Una estructura estatal pues -concluye- “con fisuras en casi todos sus ámbitos”. El libro se adentra en temas como la presunción de inocencia, las garantías o la privación de libertad, aspectos en los cuales “se ha producido un claro retroceso” y en los que nunca se debería dar por sentado que una persona ha cometido un delito hasta que no exista una sentencia firme. Las diferencias son de gran calado en los distintos países donde como ejemplo (y ya parece un tópico) aparecen por delante los países escandinavos, Alemania o Francia mientras en el otro extremo se encuentra Latinoamérica. España, como siempre, en ese terreno intermedio de ese ‘mucho pero no tanto, o no tanto pero algo más’.

Corregir errores en las respectivas profesiones

Ambos autores, y es de agradecer, asumen los errores que pueden darse en las respectivas profesiones. Ignacio Escolar lo describe y explica con ese bisturí periodístico que duele a todo ser humano con una mínima capacidad de lectura: “la forma en que cada país trata a los presos, a los detenidos, a los acusados es un indicador de su desarrollo sociocultural. Asimismo los medios de comunicación deben contar lo que ocurre sin dar, conceptualmente, los hechos por judicialmente probados” (pág. 86). En ese sentido, Bosch certifica que “narrar los hechos no colisiona con la presunción de inocencia y no tiene por qué afectarla (y en todo caso y de forma excepcional muy indirectamente)” ya que “relatar lo que sucede siempre integra un derecho a la información que debe prevalecer”. El problema sólo aparece cuando “junto a la difusión legítima de acontecimientos de interés general se añaden juicios de valor culpabilizadores”.

En las páginas del libro se pone de manifiesto una interesante y profunda dicotomía entre el periodismo y la justicia. “La prensa tiene la capacidad de arruinar la vida de un inocente –afirma  Escolar-“, aspecto bien cierto que un servidor puede corroborar.

Al mismo tiempo, subraya Bosch, “se olvida con frecuencia que el Estado posee un poder inmenso que apenas puede ser contrarrestado por un ciudadano. Ese poder ha de ser administrado con las normas, reglas y límites que nos regulan como sociedad civilizada”. Ninguna página tiene desperdicio pues, y muchas más controversias se analizan en base a un sistema judicial del que “esperamos una justicia perfecta, casi divina, que lo solucione todo pero tenemos una justicia humana, imperfecta y que puede equivocarse” concluye Bosch (pág. 231) mientras “lo que más me preocupa de todo lo que hemos explicado en este libro –remata Escobar-no es la foto fija del momento, sino la evolución que hemos vivido a partir de 1978”. Como insinuaba anteriormente: ¿Nada? ¿Algo? ¿Simulación ¿Evolución?… ¡Ahí está el libro!

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